N° EXPEDIENTE: 23-520
PUBLICACIÓN: 24/11/2023
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Mediante sentencia N° 0000768 del 24/11/2023, con ponencia de la Magistrada Carmen Eneida Alves Navas, la Sala de Casación Civil en sus motivaciones para decidir tomó entre otros, los elementos siguiente:
«Posteriormente, la ad quem entró a conocer sobre la naturaleza y los requisitos de procedencia de la acción reivindicatoria y determinó que existía “un contrato de arrendamiento privado, y que el apoderado judicial de la parte actora afirma que dicho contrato está ‘vencido’ y por lo tanto el arrendatario ocupa el inmueble de manera ‘irregular’.
En tal sentido, la jurisdicente estableció que “la pretensión contenida en el libelo de demanda origina un proceso inútil, al pretenderse reivindicar un inmueble que se encuentra en posesión de la parte demandada en ocasión a un contrato de arrendamiento, cuya validez o no, debe determinarse mediante la acción judicial que corresponda, de lo contrario, al existir un vínculo contractual, el propietario debe solicitar la restitución de la cosa soportada en esa relación”.
Conforme a lo anterior, declaró la ad quem que “derivado del hecho de que la demanda intentada conllevaría a sentencia carente de utilidad y efectos jurídicos materiales, considera imperativo declarar la improcedencia in limine litis de la acción reivindicatoria interpuesta”.
Ahora bien, la Sala de Casación Civil en sentencia N° 352, de fecha 13 de julio de 2018 (caso: Natalia Toporkova Vs. Simón Rodríguez Campins), en relación al análisis de los presupuestos de procedencia de la acción reivindicatoria y la consecuente declaratoria de inadmisibilidad de la demanda, señaló lo siguiente:
“…Los mencionados criterios jurisprudenciales tienen aplicación al caso que ocupa la atención de la Sala, pues, de manera ostensible se observa la infracción del orden público procesal, visto que tanto el juzgador de alzada como el de la primera instancia para declarar la inadmisibilidad de la demanda hicieron un análisis de uno de los presupuestos de procedencia de la acción reivindicatoria, pues se sumergieron en la matriz del pleito al considerar que existiendo una relación contractual se “…desvanece la posibilidad de intentar por la vía reivindicatoria…” la pretensión del actor, dado que ello implica analizar la calidad de la posesión del demandado, o sea, si éste tiene o no tiene derecho a poseer la res litigiosa, asunto que sólo puede realizarse en la sentencia que desate el fondo de la controversia.
Cabe agregar que no es una cuestión de ‘…incompatibilidad del procedimiento escogido…’ para canalizar el trámite de una pretensión, sino que en el caso sub lite, el demandante invoca una serie de hechos y circunstancias para sustentar su demanda según las cuales la realidad contractual aludida en ese pliego tomó otro estado, cuestión que de suyo exige una faena probatoria que no puede abrirse si a priori se ha frustrado el inicio mismo del procedimiento declarando inadmisible la demanda, como equivocadamente lo hicieron los operadores de justicia de ambas instancias.
Se observa claramente que el hecho de haber declarado la recurrida tan infundada inadmisibilidad cercena derechos fundamentales de la parte actora, pues coartó el inicio del procedimiento y con ello que dicha parte pudiera demostrar el cambio en las circunstancias y hechos que habrían demandado la realidad contractual, que en tanto hecho, sólo es posible demostrarlo durante el trámite de un procedimiento con todas las garantías del debido proceso.
Así pues, no le era dado al juez de última instancia cerrar desde el umbral el trámite de la pretensión del demandante sin darle oportunidad de acreditar aquellos fundamentos afirmados en la demanda que le habrían colocado en la posición de pretender, antes que un cumplimiento o resolución contractual, una reivindicación de la cosa que afirma poseída indebidamente por el demandado.
Con base en las consideraciones anteriores, la Sala procurando restablecer el orden jurídico infringido y garantizar al accionante los derechos menoscabados de tutela judicial efectiva, debido proceso y ser juzgado sin indefensión, ordenará el presente procedimiento, y en consecuencia, anulará la decisión recurrida de fecha 20 de noviembre de 2017, pronunciada por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, así como la decisión de primera instancia proferida por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la misma Circunscripción Judicial, que por motivos similares también inadmitió la demanda y, por consiguiente, ordenará reponer la causa al estado en que el tribunal de primera instancia que corresponda por distribución admita la presente demanda en los términos señalados, lo cual se ordenará de manera expresa positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.” (Cursivas de la cita). (Negrillas y subrayado de la Sala).
Del criterio jurisprudencial expuesto, se tiene que no le es permitido a los jueces cerrar desde el umbral el trámite de la pretensión del demandante sin darle oportunidad de acreditar aquellos fundamentos afirmados en la demanda que le habrían colocado en la posición de pretender, antes que un cumplimiento o resolución contractual, una reivindicación de la cosa que afirma poseída indebidamente por el demandado, ya que esto amerita la actividad probatoria que corresponde al momento de dictar sentencia de mérito.
Ahora bien, en el caso en estudio, visto que la ad quem declaró “improcedente in limine litis la demanda”, en consecuencia, frustró el inicio mismo del procedimiento, equivocadamente y le cercenó derechos fundamentales de la parte actora, como el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio pro actione, menoscabando su derecho a la defensa y al debido proceso.
Por las razones expuestas, la Sala procurando restablecer el orden jurídico infringido y garantizar al accionante los derechos menoscabados de tutela judicial efectiva, debido proceso y ser juzgado sin indefensión, ordenará el presente procedimiento, y en consecuencia, anulará la decisión recurrida de fecha 20 de julio de 2023, pronunciada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, con sede en Los Teques, y, por consiguiente, ordenará reponer la causa al estado en que el tribunal superior de la referida Circunscripción Judicial que corresponda por distribución emita pronunciamiento en relación al recurso de apelación interpuesto en fecha 5 de mayo de 2023, por el apoderado judicial de la parte demandada, contra la sentencia interlocutoria dictada en fecha 27 de marzo de 2023, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la referida Circunscripción Judicial, en los términos señalados en la presente decisión, lo cual se ordenará de manera expresa positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se decide».
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/noviembre/330380-000768-241123-2023-23-520.HTML
