De la Presión Confiscatoria a la Prosperidad Compartida
Por: Dr. Benito Gómez Rodríguez
Expresidente de la Federación de Colegios de Licenciados en Administración de Venezuela (FECLAVE).
El iceberg de la fiscalidad en Venezuela
El debate sobre la reconstrucción y modernización económica del país se encuentra en un punto de inflexión decisivo.
La realidad del sistema fiscal venezolano puede graficarse claramente como un iceberg: en la superficie sobresalen los cambios estéticos, las renovaciones de imagen institucional, la digitalización elemental de formularios o los anuncios administrativos de rutina. Sin embargo, el verdadero desafío estructural permanece sumergido bajo la superficie.
Para que Venezuela advance hacia un crecimiento económico real, es indispensable abordar la masa crítica de la reforma fiscal: la racionalización de las alícuotas, la seguridad jurídica, la equidad en el gasto y la desarticulación de la voracidad tributaria que hoy frena al aparato productivo.
La realidad productiva:
Asfixia por dispersión y voracidad fiscal
El sector empresarial y los ciudadanos enfrentan un entorno marcado por la superposición de cargas tributarias y parafiscales en los tres niveles de gobierno (municipal, estadal y nacional).
Entre el Impuesto sobre la Renta (ISLR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), las crecientes tasas e impuestos municipales, y las múltiples obligaciones parafiscales (INCES, IVSS, LOPCYMAT, Fondo Nacional Antidrogas, Deporte, Ciencia y Tecnología, entre otras), una entidad productiva se ve obligada a gestionar una densa y compleja red de obligaciones que abarca decenas de figuras entre impuestos, tasas, contribuciones parafiscales y exigentes deberes formales.
Esta acumulación desordenada genera una presión fiscal confiscatoria que vulnera la capacidad contributiva real.
Un sistema que absorbe desmedidamente los márgenes de operación desestimula la inversión, destruye el empleo formal y empuja a la economía hacia la informalidad.
El rezago de la Unidad Tributaria y su impacto en los trabajadores.
Un aspecto crítico que requiere corrección inmediata es la distorsión provocada por el rezago histórico de la Unidad Tributaria (UT). Concebida originalmente como una medida de indexación económica basada en la inflación real, su desactualización progresiva desnaturalizó por completo su función protectora:
Erosión del mínimo tributable: Al mantenerse la UT desalineada de la realidad macroeconómica, la exención de las 1.000 UT anuales para el Impuesto sobre la Renta devino en una ficción legal.
Esto incorporó masivamente a la clase trabajadora y a los asalariados de medianos y bajos ingresos al pago del ISLR, castigando el poder adquisitivo de las familias e invirtiendo la lógica de la progresividad tributaria.
Inseguridad y multiplicidad de unidades de cuenta:
La pérdida de vigencia práctica de la UT condujo al uso de mecanismos dispersos (unidades de valor local, vinculaciones a divisas o petros) para el cálculo de sanciones, tasas y timbres fiscales, distorsionando la seguridad jurídica del contribuyente.
Restablecer un índice de actualización tributaria sincero, técnico y transparente es indispensable para proteger el salario, rescatar el sentido del desgravamen único o detallado y devolver la equidad al cálculo de la obligación tributaria de las personas naturales.
Simplificación de procesos y facilitación del cumplimiento
Uno de los pilares más urgentes de esta transformación estructural es la simplificación radical de los deberes formales y procedimientos administrativos. Cumplir con las obligaciones tributarias en Venezuela se ha convertido en un laberinto costoso que consume recursos financieros y horas-hombre que deberían destinarse a la producción y la innovación.
Para desatar los nudos que traban a la economía, es imperativo implementar:
Ventanilla Única y Consolidación Digital: Unificar el registro, la declaración y el pago de las contribuciones nacionales y parafiscales en una plataforma integral, interoperable y amigable.
Depuración y Homologación de Deberes Formales: Racionalizar el catálogo de sanciones, libros, retenciones y deberes accesorios, eliminando trámites burocráticos redundantes que operan como trampas sancionatorias.
Certeza y Claridad Procedimental: Simplificar los calendarios de pago y los criterios de fiscalización para brindar previsibilidad al contribuyente.
Del enfrentamiento punitivo a la armonía productiva.
Es necesario rescatar la visión ética del Estado de Derecho: la creación y consolidación de una empresa no puede ser vista con sesgo de sospecha o como una fuente inagotable de extracción fiscal.
La empresa privada es el motor insustituible del bienestar social.
Cuando un emprendimiento abre sus puertas y se formaliza, se genera un círculo virtuoso de prosperidad compartida:
Para los inversionistas: Retorno justo al esfuerzo y la asunción de riesgos.
Para los trabajadores: Empleo digno, estabilidad laboral, formación y movilidad social.
Para la comunidad: Oferta de bienes y servicios de calidad, dinamización de la economía local y mejoramiento de la calidad de vida.
Para el Estado: Recaudación sana, transparente y predecible para el financiamiento de los servicios públicos esenciales.
Ejes para la transformación tributaria en la transición.
Sumergirse en la reforma estructural exige asumir las siguientes prioridades:
Sinceración de la Unidad Tributaria y alícuotas: Ajustar la UT y revisar las alícuotas del ISLR, IVA e IGTF a niveles competitivos que protejan al asalariado e incentiven la inversión.
Reforma del Código Orgánico Tributario (COT):
Fortalecer el Estado de Derecho tributario, restableciendo el debido proceso, la no retroactividad de las normas y la seguridad jurídica.
Formalización de la economía informal: Diseñar incentivos progresivos y esquemas simplificados que inviten al sector informal a sumarse a la legalidad.
Transparencia en el gasto público: Garantizar la rendición clara de cuentas sobre la recaudación, asegurando que el tributo devuelva valor a la sociedad en servicios públicos eficientes e infraestructura.
Conclusión: Un llamado a la reflexión y la acción.
La reconstrucción económica de Venezuela no se logrará con retoques cosméticos en la superficie. Exige la valentía institucional de abordar la reforma profunda, desmantelar la voracidad fiscal y construir un entorno donde emprender sea sinónimo de progreso, éxito y armonía social.
Aprovechemos esta coyuntura de transición para concertar un sistema tributario moderno, justo y promotor del desarrollo, donde la prosperidad de la empresa privada y la protección del trabajo sean la principal garantía del bienestar de toda la nación.
Dr. Benito Gómez Rodríguez
Expresidente de la Federación de Colegios de Licenciados en Administración de Venezuela (FECLAVE),
Coordinador de Postgrado en Gerencia Tributaria Integral,
Profesor de Pregrado y Postgrado Universitario,
Consultor Gerencial.
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